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Hay que partir de la idea de que el acuerdo alcanzado en una mediación es vinculante para las partes. No deja de ser un contrato, y los contratos tienen fuerza de ley entre las partes.

Dicho esto, la Ley establece que si, además, elevamos el acuerdo a escritura pública, ante el incumplimiento por una de las partes, la otra podrá acudir al juzgado para solicitar directamente su ejecución.

Para que el acuerdo se recoja en una escritura pública no hace falta la presencia del mediador, y desde nuestro punto de vista tampoco hace falta que comparezcan las dos partes ante Notario. Y ello porque la Directiva europea de la que emana nuestra normativa establece que “los Estados miembros garantizarán que las partes, o una de ellas con el consentimiento explícito de las demás, puedan solicitar que se dé carácter ejecutivo al contenido de un acuerdo escrito resultante de una mediación”. Esto significa que bastará con recoger una cláusula en el acuerdo, permitiendo su elevación a la escritura pública.

¿Y qué pasa si una parte no quiere dar su consentimiento para que el acuerdo se eleve a escritura pública? En estos casos, a la parte cumplidora solo le quedará la posibilidad de iniciar un proceso judicial previo que acabe en una sentencia en donde se declare la validez del acuerdo alcanzado. Una vez conseguido esto, ya se podría solicitar su ejecución. Por ello, y en la medida en que este pleito declarativo encarece el proceso, las partes tendrían que valorar (incluso con anterioridad a alcanzar el acuerdo) si acaban recogiendo el acuerdo en escritura pública.

La ejecución del acuerdo la tendremos que solicitar ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se hubiera formalizado el acuerdo.

(Post obra de Garazi Odriozola Alberdi y Txetxu Urkiola Arenosa)

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