En los casos en los que la parte contraria no actúe conforme se recoja en el laudo, aquella parte que se vea perjudicada puede acudir directamente ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se haya dictado el laudo para solicitar su ejecución. No hace falta disponer de una sentencia previa porque para eso ya está el propio laudo.

Hay que tener en cuenta que el laudo es firme desde que se emite; a partir de ese momento comienza un plazo de cinco años para poder pedir su ejecución. Ahora bien, ningún juez ordenará ninguna ejecución ante de que transcurran los veinte días siguientes a la emisión del laudo, o a la notificación del mismo.

Como paso previo a que un juez ordene la ejecución de un laudo, se necesita que la parte interesada interponga una demanda. En dicha demanda tendrá que, además de especificar todas las circunstancias y datos necesarios generales, adjuntar tanto el convenio arbitral como la notificación del laudo a las partes.

photo credit: Gabriel Sanz via photopin cc

photo credit: Gabriel Sanz via photopin cc

Si la cantidad que se ha de ejecutar no supera los dos mil euros, las partes no necesitan abogado ni procurador, y por lo tanto este procedimiento, a expensas de las tasas judiciales que puedan ser de aplicación, será gratuito si renuncian a dichos profesionales (y, por el contrario, tendrán que abonar sus minutas, independientemente del resultado de dicho procedimiento si optan por contratar sus servicios).

En este procedimiento de solicitar la ejecución de un laudo, el juez se limita a comprobar tan solo cuatro aspectos: la existencia de un convenio arbitral, que el laudo no contradiga el orden público, que el laudo no alcance cuestiones no susceptibles de arbitraje, y que el laudo esté motivado. Por ello, una vez que el tribunal compruebe el cumplimiento de estos requisitos, dictará un auto con la orden de ejecución.

Contra este auto no hay recurso, aunque el ejecutado podrá oponerse (por escrito) a la ejecución. En algunos casos, esta ejecución puede suspenderse, pero, para ello, el ejecutado deberá prestar una fianza para cubrir los daños y perjuicios que pudieran darse por el retraso de la ejecución.

(Post obra de Lorena Sánchez Algarra y Txetxu Urkiola Arenosa)

Etiquetado con →